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Estudio de viabilidad de exportación de uchuva a Alemania

Resumen en español

Es de conocimiento de los ciudadanos, el deber de contribuir al desarrollo interno de Bogotá, una forma de ello es por medio de los impuestos, los cuales deben ser utilizados adecuadamente para el beneficio de toda su población. Bogotá cuenta con la imposición y legislación de sus propios tributos, basados en el decreto 352 de 2002 y otras leyes relacionadas con el tema impositivo, como la ley 97 de 1913, pionera en este sentido, otorga facultad a ciertos concejos municipales para crear impuestos, otorgando así autonomía al municipio de Bogotá para realizar, cobrar y darle el mejor destino a los dineros recaudados. Muchos de estos han sido adaptados y permanecen vigentes en la actualidad, la Ley 14 de 1983, determina el concepto básico del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, su hecho generador, liquidación y bases gravables. Para el cumplimiento de una ley en ocasiones existe el aprovechamiento en contra de su objetivo, en el caso del impuesto de Industria y Comercio los contribuyentes acuden al no pago voluntario de tributos (evasión) o a la disminución del mismo amparándose en vacíos de la normatividad que regula los impuestos (elusión). Por lo tanto la administración se ha visto en la obligación de realizar persecución a quienes realicen evasión y elusión, aunque la primera por su carácter infraccional se puede perseguir mediante una adecuada fiscalización, la elusión es más compleja ya que en el fondo se trata de situaciones enmarcadas en la misma ley. Con base en el anterior postulado, fue pertinente comparar el presupuesto de Bogotá D.C. con lo realmente recaudado de sus ingresos (Tabla 3. Ingresos presupuesto vs. Ejecución del año 2005 a primer semestre de 2008) y con la ayuda de una encuesta (ver anexo 1. Formato de encuesta) efectuada a los directamente involucrados, que en este caso tomamos como referencia los comerciantes de barrio(s) en varios sectores de Bogotá; se produjo como resultado la comprobación de la evasión y elusión del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, su incidencia en las finanzas publicas y la falta de información precisa y clara para cada contribuyente.